Detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja en cualquier parte del mundo. Lo es más en uno como el nuestro, en el que el sistema de justicia carece de las capacidades de investigación necesarias y de la voluntad política para hacerlo.
El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse. Entre las más comunes se encuentran la recaudación en efectivo en los tres órdenes de gobierno que no se reporta a las tesorerías: por ejemplo, el pago de impuestos en efectivo o la venta de boletos para espectáculos públicos realizados en inmuebles propiedad del gobierno. Otra modalidad es el uso de facturas apócrifas para comprobar gastos en bienes o servicios que nunca se recibieron y hacer líquido dinero del presupuesto para canalizarlo a campañas. También son frecuentes la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública y bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas. Una más son los descuentos de nómina, mediante los cuales se les retiene a los empleados del gobierno parte de su sueldo para ser enviado a un partido político. Finalmente, están la utilización de programas sociales con fines electorales; la recaudación de pagos ilegales por permisos de construcción y ambulantaje; y los arreglos con medios de comunicación para el uso de publicidad gubernamental en apoyo a campañas electorales.
Hay varios usos del dinero ilegal que fluye a las campañas políticas, entre los cuales el principal es el clientelismo electoral. Entre ellos la promoción y compra del voto durante las campañas y los gastos del llamado “Día D” (la jornada electoral), cuando se erogan cantidades inmensas de dinero para movilizar votantes, inhibir el voto y hacer la operación en tierra con representantes de casilla. Según estimaciones hechas para el reporte, la operación de clientelismo para una campaña de gobernador en un estado de tamaño mediano cuesta 290 millones de pesos.
No obstante, la fiscalización ha dado algunos resultados parciales que ayudan a mostrar que los partidos y las campañas subestiman el registro de sus gastos reales. En 2017, por ejemplo, el INE detectó 276 millones de pesos ejercidos, pero no reportados, esto es, 26.5%. Sin embargo, el problema es mayor que los datos que ofrece el INE, debido a que muchos gastos son en efectivo e incluso erogados por terceras personas.
La eficacia de la fiscalización debe ser evaluada con base en su poder disuasivo: que los castigos desincentiven el mal comportamiento futuro. Sin embargo, las sanciones a los partidos entre 1999 y 2017 representan una fracción minúscula del dinero público que reciben. Cada año las sanciones equivalen, en promedio, a sólo 3.6% del dinero público recibido. Así, las multas son como un peaje que los partidos están dispuestos a integrar a sus funciones de costos y riesgos con tal de ganar elecciones. Infringir la ley es una acción racional porque constituye simplemente un costo marginal de sus estrategias de campaña que no afecta significativamente el flujos de sus recursos.
