Ante la publicación del Protocolo del uso legítimo de la fuerza, para el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, integrantes de distintas organizaciones de la entidad promovieron 12 amparos para echar atrás dicho instrumento, el cual señalan vulnera el derecho a la libre manifestación.
En rueda de prensa, Jennifer Jiménez González, representante de la organización Conjura Colectiva detalló que el protocolo al cual han denominado «protocolo bala» es un instrumento para infundir temor, amenazas y represión, fundamentado con la interpretación del gobierno de salvaguardar la seguridad, paz y orden en el estado.
«¿Qué pretende realmente el gobierno de Querétaro al poner en práctica este instrumento de represión? Nuestra lectura es que este instrumento pretende infundir temor, amenazarnos y sobre todo legalizar la represión, utilizando incluso armas letales cuando en su interpretación – la del gobierno- la población vulnere el estado de derecho, rompa con la paz y el orden público o cuando -desde su corta visión- la población afecte el normal funcionamiento de los servicios públicos y el libre tránsito de personas», apuntó.
Luis Alberto Reyes del Colectivo Activistas Querétaro, quien ha participado en la construcción de los recursos legales, sostuvo que la intención de interponer 12 amparos fue que estos lleguen a los distintos juzgados y a partir de ello, establecer los cinco precedentes que requiere la ley para constituir la jurisprudencia y dar un siguiente paso.
Cabe resaltar que los amparos se promovieron de manera individual por 11 mujeres y un hombre que forman parte de organizaciones y asociaciones civiles del estado.
Por: Iraí Silva
