El Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, reportó en su informe anual, la reposición de daños por 3 millones 43 mil pesos por actos de corrupción.
En sesión solemne, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, rindió su primer informe de actividades ante el pleno de la quincuagésima octava legislatura, en donde refirió que se investigan aproximadamente 9 casos mensuales por supuestos hechos de corrupción de servidores públicos, estatales y municipales, así como particulares; en este sentido indicó que los datos de prueba recabados por los fiscales en los expedientes de investigación han permitido obtener de la autoridad judicial el 100% de las solicitudes de aprehensión, y en consecuencia todas se han ejecutado; aunque no precisó el número de detenidos.
Vargas Salazar informó que, derivado de las sanciones consistentes en multas en contra de individuos, quienes con sus conductas han tratado de obstaculizar el trabajo de la fiscalía, permitiendo a la autoridad judicial impusiera fallos condenatorios logrando obtener una reparación de daños al erario público por el monto de 3,043,824 pesos.
Compartió también que los supuestos de los que se ha hecho de conocimiento a la Fiscalía, son principalmente de enriquecimiento ilícito, cohecho cometido por servidores públicos y particulares, desempeño indebido de los funcionarios y abandono de funciones.
Otros datos que destacó el fiscal fue que, por primera vez desde que se tiene registro en la procuración de justicia del estado, se tuvo el primer fallo condenatorio por el delito de enriquecimiento ilícito, igualmente, el primero por cohecho cometido por un funcionario público, bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
Así también, dijo que, gracias a la actuación con apego a promover, proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, solo se recibió una queja en materia de derechos humanos, la cual fue archivada por desistimiento del quejoso.
Benjamín Vargas apuntó que estos resultados se generaron gracias a las diversas legislaciones que hicieron posible que el estado fuese el primero en comenzar a operar completamente el sistema anticorrupción.
“El marco jurídico con el que se cuenta, no solo ha permitido operar adecuadamente a la Fiscalía Anticorrupción, sino que además garantiza su autonomía técnica bajo tres premisas fundamentales, primero, el nombramiento y remoción del fiscal anticorrupción le corresponde a esta honorable legislatura, dos, el fiscal anticorrupción de manera anual debe presentar un informe de actividades ante este órgano soberano y tres, el fiscal anticorrupción tiene la facultad de nombrar a su personal”, dijo.
Finalmente, refirió que se ejerció de manera responsable y con austeridad los poco más de 7.5 millones presupuestados para la fiscalía en el periodo que se informa, abarcando los rubros de servicios personales, materiales, suministros, servicios generales y bienes intangibles.
Por: Anna Ledezma
