El estado armonizará con la Ley Federal para crear una Fiscalía Especializada en desaparición de personas, particularmente en casos forzados.
En comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Legislatura Local se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para la creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
“Eventualmente la Fiscalía tendrá que encabezar los esfuerzos interinstitucionales que nos permitan atender el problema de la desaparición de personas versión forzada, es decir la actuación institucional que habrá de llevarse a cabo para poder estructurar investigaciones exitosas y para eventualmente proceder al deslinde de responsabilidades”, comentó el diputado Mauricio Ortiz Proal, integrante de la Comisión.
Así también se pretende modificar la Ley de Respeto Vecinal para la creación de un padrón estatal de infractores de faltas administrativas para detectar a las personas, sin importar su edad, que reincidan en conductas antisociales, como beber en la vía pública, y sean acreedores a sanciones administrativas más severas en caso de que continúen recayendo, así como para que se les pueda dar seguimiento y apoyo en caso de que lo requieran.
“También se establece en estos lineamientos el canalizarles a las áreas correspondientes como psicológica, trabajo social, algunas áreas técnicas para poderles apoyar y encaminar su conducta en términos de integrarse de manera adecuada a nuestra sociedad (…), entonces lo que se buscará es esa parte y dotar de mayores atribuciones a los jueces cívicos, mayores atribuciones es, darles seguimiento, tener ese récord y ver, antes de sancionar, sus antecedentes, si es primo infractor o si es recurrente, esto creo que refuerza al estado de Querétaro, como estado garante de lo que queremos, que es armonía y paz social”, añadió el presidente de la comisión, Roberto Cabrera.
Durante la Comisión también se modificó la Ley que crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza, con el objeto de que el director sea nombrado por el ejecutivo del estado y cumpla sus funciones en un periodo de 6 años; así como la Ley Orgánica Municipal para que los jueces cívicos tengan título y cédula profesional en derecho.
Todos los puntos anteriores tendrán que ser aprobados por el grueso de los integrantes de la quincuagésima octava legislatura en sesión de pleno.
Por: Anna Ledezma
