Inspirados en lo que ocurre con la inmigración ilegal, algunos estados que han legalizado la mariguana están considerando la posibilidad de ofrecer santuario a los negocios con licencia, en un esfuerzo por proteger esta naciente industria de un cambio en las políticas del gobierno federal. Horas después de que el secretario de Justicia Jeff Sessions anunciase el 4 de enero que los fiscales federales tendrán libertad para reprimir las operaciones de producción y venta de mariguana si lo consideran pertinente, el alcalde de Berkeley, California, Jesse Arreguin, llamó al concejal Ben Bartlett para comentarle su novedosa propuesta.
Berkeley fue la primera ciudad del país que se declaró formalmente santuario para la inmigración ilegal, prohibiendo a las autoridades municipales colaborar con el gobierno federal en ese terreno. Y se preguntó por qué no se podía hacer lo mismo con la mariguana. El mes pasado lo hicieron. Sabíamos que teníamos que hacer algo”, expresó Bartlett. Este es un nuevo propulsor de una economía saludable”, afirmó. Otros podrían seguir pronto sus pasos. Legisladores de Alaska, California y Massachusetts han presentado proyectos similares, aunque las posibilidades de que sean aprobados son inciertas.
El representante estatal de Alaska Adam Wool, propietario de un complejo con una sala de cine, de conciertos y un restaurante en Fairbanks, dijo que presentó el proyecto como una cuestión de principios y también como una medida preventiva. Si el gobierno quiere enjuiciar a alguien por violar las leyes federales, tienen el derecho a hacerlo”, manifestó Wool, un demócrata de una de las principales regiones de cultivo de mariguana de Alaska.
Lo único que digo es que no estaremos obligados a colaborar con ellos”, aclaró. El anuncio de Sessions invalidó una política puesta en vigor en el 2013 que permitió el florecimiento de la mariguana legal al restringir la persecución de esa actividad, siempre y cuando los estados se asegurasen de que no llega a sitios donde está prohibida ni a manos de delincuentes ni de menores de edad.
Fuente: Excelsior