Para el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el presidente Enrique Peña Nieto actuó por mandato de ley para publicar ayer la Ley de seguridad interior, aprobada previamente por ambas cámaras legislativas. La ley dice que esto no seguirá así, sino que si se requiere el apoyo de las fuerzas armadas, el presidente tendrá que resolver antes, declarar y explicar por qué es su participación, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Las declaraciones tienen que informarse a las dos cámaras, a la CNDH y publicarse en el diario oficial”, comentó Campa.
Reiteró que las decisiones del uso del ejército se toman de forma “discrecional”, pero con la ley, se hará de forma “transparente”. Agregó que es “natural” que las instancias de derechos humanos se opongan al uso de militares en tareas de seguridad interior; en el caso de México, la presencia del ejército en las calles es a causa del crimen organizado. La vecindad con EU representa una ventaja enorme para el crimen organizado. Son grupos muy poderosos que se enfrentan con corporaciones policiales locales y por eso intervienen las fuerzas armadas”, comentó.
Por último, Campa dijo que el presidente Peña Nieto confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentre en los asuntos principales del país y que tomen una decisión sobre la constitucionalidad de la ley, apeada a derecho.
Fuente: Excelsior
