La economía venezolana terminará el año con una inflación acumulada de más del 2 mil por ciento, según cálculos del Parlamento, de mayoría opositora, que ve en esta cifra récord un reflejo de la «mayor crisis política, social y económica de la historia de la Venezuela contemporánea». El anuncio -recogido hoy por medios locales- fue hecho por el diputado opositor Rafael Guzmán en un balance económico del año en el que reveló también que el producto interno bruto (PIB) ha caído un 34 por ciento en los últimos 4 años.
Despojado de sus poderes por el Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento es el único poder del Estado en manos de la oposición y la única institución que publica cifras de inflación y otros indicadores económicos ante la ausencia de datos del Gobierno y el Banco Central desde 2015. Según cálculos del Parlamento, Venezuela entró en hiperinflación en noviembre al rebasar, con una marca del 57 por ciento, el umbral del 50 por ciento de inflación que define este fenómeno.
«Ningún país de la región, ningún país del mundo tiene este deterioro del aparato productivo», dijo Guzmán este miércoles al presentar el balance. Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo. El segundo país de Latinoamérica con mayor índice de inflación después de Venezuela es Argentina, con más del 20 por ciento, muy lejos de las cuatro cifras que registra la nación petrolera. «Cada día hay menos empresas, cada día hay menos puestos de trabajo, cada día hay menos salarios dignos», afirmó el diputado.
La impresión descontrolada de dinero por parte del Banco Central, así como la destrucción de la industria nacional y una caída de las importaciones que han reducido drásticamente el número de bienes disponibles en el mercado son realidades patentes en Venezuela y se consideran las causas canónicas de la inflación elevada. Para estabilizar la economía y salir de la crisis, el Parlamento pide eliminar los controles de cambio -el Estado tiene desde 2003 el monopolio de la venta de divisas en Venezuela y de precios y que se respete la propiedad privada.
Fuente: Excelsior
