viernes, abril 19, 2024
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Diputados avalan Ley de Seguridad Interior; va al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Ejecutivo Federal para que se ponga en vigor; con esto nace el ordenamiento que regula las labores de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. La ley se avaló en fast track, con 262 votos en favor y 25 en contra. Diputados del PAN votaron en favor para que alcanzara el quorum la sesión y la mayoría para su aprobación. Al inicio de la sesión, el Pleno aceptó que se le dispensaran los trámites a los cambios que mandó el Senado, así que no pasaron por la Comisión de Gobernación para su revisión.

Morena presentó una moción suspensiva y la mayoría del PRI, PVEM, PANAL y una parte del PES no la aceptaron. La Ley avala que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior. La declaratoria debe precisar qué amenaza se van a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que la combatirán y la zona para operar, entre otros puntos. La intervención del gobierno federal no podrá exceder un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas.

El presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas locales o en su defecto de gobernadores, la intervención de la Federación. La procedencia de la intervención se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad y de aceptarse se expedirá la declaratoria dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud. Se informará de la declaratoria a la Segob, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la CNDH.

En ningún caso, las acciones de Segundad Interior sustituirán las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá dichas autoridades de sus responsabilidades. Seguridad Interior se define como la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Fuente: Excelsior

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