Las autoridades hondureñas arrestaron hoy a un policía y a un exagente policial que fueron asignados a la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, acusados de aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas. Se trata del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, quienes son acusados por el delito de «Inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente en perjuicio de la Administración Pública», indicó el Ministerio Público en un comunicado.
De acuerdo a una investigación realizada por fiscales, los detenidos presentaron «pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista», precisó el Ministerio Público. Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala aunque no de gravedad.
El Ministerio Público indicó que por este crimen han sido detenidas otras ocho personas, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Un informe presentado a finales de octubre presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) responsabiliza de la muerte de Cáceres a ejecutivos de DESA, a la que la ambientalista se oponía.
El documento titulado ‘Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres’ señala que el crimen fue «producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia» de Cáceres y miembros del Copinh. Los empleados de DESA actuaron en «alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras), destaca el informe.
Fuente: Excelsior
