El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dejó abierta la posibilidad de designar un fiscal especial para investigar transacciones de la Fundación Clinton y un negocio de uranio durante la presidencia de Barack Obama.
En una audiencia en el comité judicial de la Cámara de Representantes, Sessions habló por primera vez de la posibilidad de nombrar a un fiscal especial para investigar a Clinton, algo que algunos legisladores republicanos y el presidente Donald Trump han pedido en numerosas ocasiones.
El presidente del Comité Judicial, el republicano Bob Goodlatte, reiteró a Sessions sus peticiones y le preguntó:
¿Tengo la certeza de que estos asuntos procederán de manera justa y expedita?».
Sí, señor presidente, y puede estar seguro de que se realizará sin influencia política y se llevará a cabo de la manera correcta y adecuada», respondió Sessions.
El departamento señaló en una carta a la Comisión Judicial de la cámara baja que el alto funcionario ordenó a varios fiscales federales «evaluar ciertos asuntos» planteados últimamente por los legisladores, entre ellos denuncias de que la Fundación Clinton se benefició con un negocio de uranio en el que participó una empresa respaldada por Rusia.
En concreto, los republicanos quieren que se investigue si Clinton pudo tomar decisiones influidas por donaciones extranjeras a su Fundación cuando era secretaria de Estado (2009-2013).
La designación de un nuevo fiscal especial, sea en respuesta a pedidos de legisladores o del mismo Trump, probablemente provocará críticas y quejas de influencia política indebida sobre un departamento que se supone debe funcionar de manera independiente de los partidos.
Los fiscales deben responder a Sessions y a su segundo, Rod Rosenstein, si recomiendan iniciar nuevas indagaciones, si los asuntos que están siendo investigados requieren mayores recursos y si sería necesario designar un fiscal especial para realizar una investigación, informó el presidente del a Comisión Judicial, el representante republicano Robert Goodlatte.
Aunque el Departamento de Justicia es parte del poder ejecutivo y sus prioridades históricamente están alineadas con las del presidente, se supone que la Casa Blanca no debe ejercer influencia sobre las decisiones de los procuradores en casos particulares.
El departamento trató de responder a esas inquietudes en su carta, en la que el subsecretario Stephen Boyd dijo que éste jamás evaluará un asunto sino sobre la base de los hechos y la ley.
El profesionalismo, la integridad y la confianza pública en el trabajo del departamento es crucial para nosotros, ninguna prioridad es mayor», añadió.
No obstante, la medida sigue a una serie de declaraciones públicas del mandatario que según los observadores borran la demarcación clara entre la presidencia y el departamento.
Fuente: Excélsior
