La Cámara alta cerró el periodo ordinario de sesiones sin nombrar al «zar» anticorrupción y sin aprobar la Ley Orgánica que regule su actuación; ONG ven falta de compromiso de algunos legisladores.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ésta parece ser la discusión cuando se habla del retraso en la designación del fiscal anticorrupción, pues hacerlo, implica abordar antes la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para transformarse en Fiscalía.
Lo cierto, es que este jueves la Cámara de Senadores terminó su periodo ordinario de sesiones, sin discutir y aprobar al fiscal anticorrupción y con ello, dejó incompleta la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo menos, hasta después de las eleciones del 4 de junio y solo si existe voluntad política para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Esta forma de relegar y posponer la discusión, muestran la falta de compromiso para combatir la corrupción en el país, consideraron expertos y legisladores que señalan que es necesario combatir estas actividades ilícitas en México, pero es más importante es hacerlo bien.
Fernanda Gómez, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), considera que no se ve ninguna voluntad política de los senadores ni para nombrar al fiscal ni para modificar la Ley Orgánica de la PGR , lo que «manda una señal de falta de compromiso del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción)” y porque sin ella, no pueden entrar los cambios que se establecieron hace un año en el Código Penal Federal en cuanto a las sanciones contra quien cometa algún delito.
“Eso quiere decir que (Javier Duarte) que ahorita está procesado no va recibir las penas que están en el SNA porque todavía no están en vigor las modificaciones que se hicieron al Código Penal. Es muy grave porque hicimos este esfuerzo para que cuando llegue el momento de las sanciones éstas no estén vigentes”, afirmó.
De acuerdo con Javier Cruz Angulo, investigador del CIDE, el problema no es “la persona” que encabezará la fiscalía anticorrupción sino construir los “pies” de la institución.
“Estamos muy preocupados por la cabeza de la institución de la fiscalía, pero no nos damos cuenta que no tiene pies y quien administra la justicia día a día en todos los países son realmente quienes tienen el primer contacto, policías, fiscales, etc.”, comentó al explicar que primero hay que construir una institución fuerte.
PRIMERO LA FISCALÍA GENERAL
La discusión de la Fiscalía Anticorrupción no puede entenderse sin la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, cuya reforma fue aprobada en 2014, en donde no hay reales pesos y contrapesos, y el fiscal general es nombrado por el presidente, advirtieron los especialistas.
El investigador del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, señaló que los senadores no están tomando en serio la discusión del diseño de la fiscalía general ni tampoco la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de hacer una designación del fiscal anticorrupción transparente.
“Si no consideramos en serio este diseño institucional en las condiciones materiales y de capital humano que va a heredar el fiscal para hacer su trabajo no vamos a llegar muy lejos y lo que va a producir es una frustración y un creciente escepticismo que va a abonar a la deslegitimación del naciente Sistema Nacional Anticorrupción”, agregó.
La semana pasada, la PGR publicó un acuerdo para establecer la creación –de manera oficial– de la Fiscalía Anticorrupción, lo que generó dudas sobre su autonomía, ya que hasta que no se modifique la Ley Orgánica actual, éste órgano especializado depende de la Procuraduría y por ende de su actual titular, Raúl Cervantes.
La secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado, la panista Marcela Torres Peimbert, explicó que con el diseño que se tiene ahora el fiscal no va poder ejercer plenamente su trabajo.
“(El PRI y sus satélites) tienen todos lo votos y podrían ellos nombrar un fiscal anticorrupción, pero lo que no quieren es asumir el costo político de nombrar a un fiscal sin institución”, aseguró.
En esencia, detalló el senador blanquiazul Ernesto Ruffo, queremos que la procuración de justicia no dependa del presidente en turno y que él decida si se procesan o no asuntos de presuntos delitos.
“Es un sistema de procuración de justicia que no es efectivo sino que tiene fuertes tintes políticos y partidistas según el presidente que esté sentado Los Pinos”, dijo a Expansión.
TAMBIÉN LOS MAGISTRADOS
Además del nombramiento del zar anticorrupción, falta ratificar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado martes al Senado, los nombres de los 18 candidatos a ocupar estos lugares. Estos nuevos magistrados tendrán la tarea de conocer, resolver y sancionar sobre las faltas administrativas graves cometidas por los servidores y los particulares.
Debido a la relevancia de los cargos y sus funciones, el que el presidente mandara las ternas de manera sorpresiva, fue calificada por organizaciones de la sociedad civil como “apresurada y poco transparente” y exigieron realizar un proceso adecuado.
“El nombramiento y designación (de los magistrados) debe realizarse con máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana, para dotar de mayor certeza, legitimidad y efectividad el proceso y asegurar que quienes integren este cuerpo perteneciente al SNA sean los mejores perfiles para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente se les ha asignado”, señalaron en un comunicado firmado por al menos, 20 organismos de la sociedad civil.
En eso, coincidió el Comité de Participación Ciudadana del SNA, cuyos cinco integrantes solicitaron corregir el camino. “(El proceso) queda a deber a los mexicanos y deja mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México”, expusieron.
Por su parte, Cruz Angulo hizo hincapié en profesionalizar a los encargados de administrar la justicia en su primer alcance, es decir, ministerios públicos, policías, peritos, etc.
“Me parece que todo lo que tenemos que hacer es diseñarlo todo, cómo se estructura la fiscalía autónoma, cómo estructuramos ministerios públicos, cómo estructuramos peritajes, a través de un servicio civil (…) lo que modifica todo el entramado institucional es el servicio civil de carrera, que realmente modifica a todos los que operan”, dijo.
Fuente: CNN Expansión
