Bajan diputados de pleno la propuesta del Poder Judicial para no permitir la demanda verbal de las mujeres víctimas de violencia psicológica, económica, entre otras.
La modificación a la ley pudo dificultar la denuncia, apuntaron los legisladores.
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Por considerar contradictoria a la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la ley estatal sobre el mismo tema, los diputados rechazaron discutir en sesión de pleno la propuesta realizada por el Poder Judicial en el estado referente a anular la posibilidad de que las mujeres interpusieran una demanda de forma verbal al ser víctimas de violencia diferente a la sexual y la física.
Dicho rebote a la pretensión de modificar el Código de Procedimientos Civiles en el estado se realizó luego de que un grupo de feministas se presentara en las instalaciones del Congreso para expresar su desacuerdo con el dictamen.
La diputada local, vicepresidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mercado Herrera, refirió que derivado de la importancia de generar los medios que faciliten y no dificulten la defensa de los derechos de la mujer, esta propuesta fue devuelta a su análisis en comisión.
“El dictamen que propone suprimir la forma verbal de solicitar las medidas cautelares que prevé el artículo 201, así como suprimir la forma verbal de solicitar las providencias precautorias en caso de violencia contra las mujeres y niñas que prevé el artículo 253 ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, resulta contrario a la amplia protección en materia de derechos humanos que el estado debe brindar a los ciudadanos para salvaguardar su integridad y seguridad… Eliminar la posibilidad de que sean solicitadas de manera verbal, es un retroceso para el avance en la protección de los derechos humanos de las víctimas y vulnera el principio de inmediatez, para que se pueda garantizar una justicia pronta y expedita”
La legislación local, detalló la diputada, debe reconocer la violencia que se ejerce en contra de la mujer y por ende incluir medidas de protección.
Con lo que al obligar una demanda por escrito mermaría el proceso e incluso disminuiría las demandas ante la dificultad que ello representaría para las mujeres víctimas de violencia.
RR Noticias
Ivet Hernández
