Simulación de reintegros, pago a aviadores, sobreprecios en las contrataciones de bienes y servicios, malversación de fondos y pagos no justificados son algunas prácticas en las entidades de la República
Los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en actos de corrupción que implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, cifra superior a la cancelación del subsidio a la gasolina, por 200 mil millones de pesos, que generó el gasolinazo, y mayor al recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional.
Del 2007 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 273 denuncias en contra de estos 26 estados, por afectaciones al erario federal que implican 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos.
Hasta el momento, los organismos fiscalizadores y los nuevos gobiernos de cinco estados presentaron denuncias o están en proceso de hacerlo, por daño al patrimonio estatal de al menos 42 mil 44 millones 466 mil 88.97 pesos, en Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Baja California y Chihuahua.
Fenómenos como la simulación de reintegros, que consiste en tomar dinero de una partida para cubrir otra y cuando la ASF lo detecta, el gobierno lo repone, pero días después lo vuelve a retirar, es practicada por las 32 entidades federativas y desde 2011 involucra a un total de 221 mil 182 millones 500 mil pesos, pero hasta el momento sólo 14 entidades fueron acusadas penalmente por irregularidades que involucran un total de 39 mil 700 millones 297.20 pesos.
Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, son algunas de las cientos de prácticas de corrupción en que incurren los gobiernos de los entidades federativas.
Los actos de corrupción que implicaron el daño patrimonial federal por 203 mil 850 millones de pesos y los relacionados con el erario estatal por 42 mil 44 millones 466 mil 88.97 pesos, fueron cometidos por gobiernos emanados de todos los partidos.
De las 26 entidades donde se detectaron estos actos de corrupción, en 19, como son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas se ha registrado la alternancia, principalmente entre el PRI y el PAN, pero también entre el PRI y el PRD, y en el caso de Baja California Sur, entre PRI, PAN y PRD.
En otras siete entidades, como son Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz el PRI es el único gobierno en esas entidades, al menos hasta 2014, que es el año de la más reciente auditoría; este año en Veracruz y Tamaulipas, registraron la alternancia del PRI al PAN.
En tanto, el órgano fiscalizador del estado de Veracruz presentó denuncias por un total de nueve mil 103 millones 950 mil 892.10 pesos; el de Baja California, por 52 millones 218 mil 637.88 pesos; el de Sonora por 30 mil millones de pesos; el gobierno actual de Quintana Roo por dos mil 388 millones 296 mil 558.99 pesos contra su antecesor y el de Chihuahua busca sustento para presentar las denuncias de hechos contra el gobierno anterior, por 500 millones de pesos.
Los estados de Aguascalientes, Durango, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán son los únicos que no tienen denuncias penales por parte de la ASF por daños al erario federal.
EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA, LAS CAJAS CHICAS
Los ramos de educación, salud y seguridad pública fueron los más afectados por las desviaciones en las entidades federativas, sobre todo en estados con mayores índices de pobreza como es el caso de Chiapas, Guerrero y Michoacán.
La tardanza en los procesos de investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) llevaron a que 70 de las denuncias penales presentadas por la ASF desde el año 2007 queden sin materia, como ocurrió con un caso del gobierno de Fidel Herrera, pues después de tres años que la ASF denunció la doble construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, el gobierno de Veracruz regresó a la secretaría de Hacienda los 15 mil 548 millones 500 mil pesos que solicitó, más mil millones de pesos de intereses.
Entidades como Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Colima y Guanajuato aprovecharon la inacción de la PGR ante las denuncias de la ASF para solventar todos los faltantes, que entre todos sumaron 12 mil 987 millones 606 mil 100 pesos.
Los casos de estas 14 entidades, sin embargo, se mantienen en el listado oficial de la ASF denominado Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2014, así como relacionadas con la simulación de reintegros, que suman 723, y para el caso exclusivo de los gobiernos estatales son 273 denuncias penales, que involucran 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos.
De acuerdo con la información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es la entidad que más daño patrimonial causó por sus actos de corrupción, pues el dinero malversado proviene de las arcas de la Federación, alimentadas con los impuestos de todos los mexicanos.
Suma 56 denuncias penales por actos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; las 18 denuncias por simulación de reintegros implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos; las 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459.19 pesos.
Por irregularidades cometidas durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, actualmente prófugo de la Justicia, Veracruz enfrenta 56 demandas penales en su contra, por la utilización corrupta de 56 mil 662 millones 684 mil 4656.19 pesos, con prácticas como solicitar 15 mil 548 millones 500 mil pesos a la Secretaría de Hacienda, en 2010, para construir el puente de Palo Amarillo- Amayales sobre Río Atoyac, municipio de Carrillo Puerto, para ejercer en el periodo enero-marzo de ese año, pero el puente fue construido un año antes, y se colapsó justo después de que en 2010 se reportó su conclusión.
Infografía de Excélsior
Fuente: Excélsior
