Después de cuatro años de mandato, el presidente ha logrado empujar 12 reformas pero su principal pendiente es dar resultados en el combate a los actos corruptos, coinciden analistas
Desde los primeros días de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto echó a andar una estrategia para transformar al país con una serie de reformas estructurales. Gracias a los cambios que ha logrado impulsar en el Congreso, ha conseguido el reconocimiento de líderes mundiales y de medios internacionales, y asegura haber sentado las bases para un desarrollo de largo plazo.
Sin embargo, a cuatro años de que asumió el poder, hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca y, en especial, la corrupción atribuida a otros gobernadores también militantes del PRI han opacado las reformas presidenciales, coinciden analistas, quienes aseguran que meter un freno a los actos corruptos es justamente el principal reto del mandatario para el cierre de su gestión.
Valeria Moy, directora de la agrupación México, ¿cómo vamos?, señala que el Pacto por México, aquel acuerdo que Peña Nieto y la oposición firmaron en 2012 para impulsar reformas, se presentó como un instrumento capaz de ayudar al país a resolver problemas históricos. No obstante, dice, los conflictos que surgieron tiempo después, la violencia y los escándalos poco a poco le restaron importancia.
“El estado de derecho en México ha dejado mucho que desear y se ha ido deteriorando. El tema de la corrupción me parece que ha sido fundamental, eso está opacando enormemente cualquier avance que pudiera tener el país”, asegura.
José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que si el gobierno quiere reivindicarse durante los dos años que le quedan, debe enfocarse en atacar la corrupción y llamar a cuentas a quien sea necesario, pues si bien se implentó el andamiaje para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), falta que éste tenga resultados tangibles.
“Si (las autoridades) hacen un esfuerzo real por combatir la corrupción, como dicen, eso les puede repuntar un poquito, pero hasta que se vean los resultados, si no nada más queda la parte retórica”, señala el analista.
Para Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), es primordial que el desprestigio de la figura presidencial —actualmente con un porcentaje de aprobación de 24%, según una encuesta de Reforma— no se asocie a las reformas, que considera que sí fueron un logro que marcó los primeros 20 meses del sexenio actual.
«Las circunstancias complejísimas que nos ha puesto la realidad nos han puesto la situación electoral en Estados Unidos, es un llamado de atención para poner la casa en orden. La debilidad fiscal del gobierno mexicano, todos los escándalos de corrupción, la fragilidad del estado del derecho son cosas que en un contexto de mayor vulnerabilidad agravan todos los problemas», comenta.
A la fecha, esta administración ha logrado que el Congreso apruebe 12 reformas estructurales, como la energética, la fiscal, la de telecomunicaciones, la política, la de transparencia y la del SNA. Diversos especialistas reconocen que el avance de estos temas en el Poder Legislativo demostró eficacia por parte del presidente y su equipo, aunque advierten que apenas empiezan a verse algunos primeros resultados y que la mayoría tardará en llegar.
LOS PENDIENTES
Al principio del sexenio, Peña Nieto promovió cinco acuerdos en el Pacto por México, que pretendía sentar las bases para impulsar el crecimiento económico, generar empleos de calidad y construir una sociedad de derechos con menos pobreza y desigualdad.
Desde entonces, reformas como la educativa, la fiscal y la energética están en marcha, aunque algunos expertos creen que sus resultados hasta ahora son escasos y esto se refleja en que el crecimiento económico sigue por debajo del prometido por Peña Nieto cuando era candidato. Más aún, afirman que no hay mejora en indicadores como la transparencia o la gobernabilidad.
“Ninguna de estas promesas ha sido cubierta, pues no hay mayor transparencia, menor corrupción, mejor gobernabilidad, y los índices de violencia y de las finanzas públicas no han ido mejor”, dice Alberto Aziz, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En materia de combate a la corrupción, según los expertos, el compromiso del gobierno se ve debilitado con nombramientos como el de Luis Enrique Miranda, amigo del presidente y operador político, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el de Humberto Moreira en el consejo del PRI, a pesar de los señalamientos en su contra por la deuda en Coahuila, así como por disposiciones cuestionables en leyes secundarias, como la Ley de Archivos.
“Lo que tenemos ahorita es una Ley de Archivos que va en contra (del acceso a la información), nos quieren convencer de que quieren combatir la corrupción, pero todo lo que están haciendo va en contra”, dice Crespo.
Por su parte, Pardinas considera que el proceso de construcción institucional que se ha postergado durante años se debe empezar a enfrentar desde ahora.
«México no tiene margen para cometer errores, el presidente no tiene margen para cometer errores ni el gobierno tampoco, y la señal es muy clara y la dirección es muy clara: tenemos que construir instituciones para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción», asegura.
VIOLENCIA Y ECONOMÍA
En materia de seguridad, por otra parte, Peña Nieto prometió un Plan Nacional de Prevención, que este año se quedó sin recursos. También se comprometió a reformar los cuerpos de policía, pero su iniciativa que plantea crear un mando único policial está atorada en el Congreso.
“(Para) reforzar policías y el mando único ya es un poco tarde, esos cambios se tienen que hacer desde el principio para que se vaya viendo que pueden resultar en algo”, dice Crespo.
En ese contexto, 2016 se perfila como el año más violento durante la administración actual. Entre enero y agosto, en todo el país se registraron 13,217 denuncias por asesinatos, la mayor cantidad de delitos de este tipo desde 2013, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En materia económica, el acuerdo promovido por el gobierno contemplaba que, para terminar con la pobreza, el Estado debía generar las condiciones que permitieran el crecimiento económico y la creación de empleos estables y bien remunerados.
Cuando era candidato, Peña Nieto dijo que México crecería a tasas de entre 5% y 6% anual. No obstante, la expectativa para este año es apenas superior a 2%.
«La reforma en telecomunicaciones fue sustancial. Sin embargo, el contexto externo no fue el más favorable. Lo mismo pasó con la reforma energética, que llegó justo cuando el precio del petróleo alcanzó cifras mínimas históricas», dice Moy.
De acuerdo con Macario Schettino, profesor del Tec de Monterrey, el crecimiento no ha sido tan malo, tomando en cuenta factores externos que afectaron no sólo al país sino al mundo, como el reacomodo en la industria de la construcción y la caída en la producción del petróleo.
«Si uno quita esas dos cosas, el crecimiento promedio de los últimos cuatro años ha sido de 4%, que no es un número bajo sobre todo comparando con lo que ocurre en otras partes, todavía al día de hoy México crece más que cualquier otro país de América Latina», considera.
¿SE ACABÓ EL TIEMPO?
A un par de años de que llegue el próximo ocupante de Los Pinos, se suma una nueva preocupación para el país: la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, con lo que la agenda inmediata estará concentrada en renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y en los comicios de 2018, coinciden los expertos.
“A partir de la elección de EU se abre otro proceso, sobre todo en el ámbito económico y de migración, que complica aún más al gobierno, los dos últimos años vienen bastante más movidos”, afirma Aziz.
Ernesto Rubio del Cueto, exdirectivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cree en cambio que sí hay margen para que esta administración realice acciones a favor del desarrollo y de la justicia social. En un desplegado publicado recientemente, propone medidas como impulsar proyectos de infraestructura en regiones pobres, un programa de austeridad y garantizar fondos para los programas sociales.
Sin embargo, analistas como Crespo son más escépticos sobre lo que se puede hacer en los próximos 730 días. Según el politólogo, debido al poco tiempo y a las condiciones internas y externas, las autoridades se enfocarán más en los comicios que se realizarán en dos años que en rediseñar políticas públicas.
«Esa oportunidad ya pasó, ya capitalizó el gobierno lo que pudo capitalizar, pero ya no da para mucho más», insiste.
Fuente: CNN Expansión
