Según algunas estimaciones, los subsidios al consumo pueden ser responsables de más del 10 por ciento del total de las emisiones globales de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. También contribuyen al tráfico y la contaminación del aire en las ciudades en desarrollo.
En Venezuela no escasean los problemas, pero uno de los más curiosos son los bajísimos precios del combustible que se vende en las gasolineras.
Actualmente los conductores pagan más o menos el equivalente a 40 centavos de dólar, y eso fue después de que el presidente Nicolás Maduro elevó ligeramente los precios este año para ajustar el subsidio popular de combustible que ayuda a estabilizar la crítica situación política del país. Sin embargo, esos precios preferenciales también acercan a Venezuela a la quiebra económica. Debido a los escasos incentivos que tienen para ahorrar combustible, los venezolanos conducen mucho y así contribuyen a la liberación de gases de efecto invernadero, lo que genera cambio climático.
Venezuela no es el único país en desarrollo que pierde petróleo y gas natural debido a los subsidios. En muchas naciones, los combustibles de transporte son tan baratos como los refrescos (en el caso venezolano un litro de gasolina es más barato que un litro de agua mineral).
Las tarifas eléctricas son tan económicas en el golfo Pérsico que algunos ciudadanos no se molestan en apagar sus dispositivos de aire acondicionado cuando salen de vacaciones.
Cuando los precios del petróleo se desplomaron a fines de 2014, tanto los ecologistas como los economistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional instaron a los gobiernos para que abandonaran las políticas que congelaron las tarifas de energía a niveles artificialmente bajos. Como consecuencia de esas recomendaciones, un número considerable de gobiernos ha anunciado cambios en sus estrategias de precios fijos y aprovechan esa oportunidad para mejorar las finanzas estatales.
Malasia y Marruecos, por ejemplo, eliminaron los subsidios de gasolina y diésel, mientras que la India no sólo dejó de subvencionar al diésel, sino que también aumentó los impuestos al combustible.
Sin embargo, muchos otros gobiernos no cumplieron esas iniciativas a pesar de haber firmado acuerdos para disminuir las emisiones de carbono en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada el año pasado, en París. En algunos casos, diversos factores como las protestas callejeras y las presiones de las campañas electorales detuvieron las reformas, mientras que los grupos con intereses especiales —como los camioneros y agricultores que dependen del diésel barato— presionaron para detener los cambios.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Argentina le propinó una gran derrota política a Mauricio Macri al revertir un aumento del precio del gas para los usuarios residenciales. Esa medida formaba parte de la política central de Macri para sanear las finanzas, pues los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit fiscal del gobierno argentino.
“Implementar las reformas de los precios sigue siendo un desafío político”, dijo Masami Kojima, analista del sector energético del Banco Mundial. Con las recientes fluctuaciones de precios del combustible “los gobiernos tienen una segunda oportunidad para aprovechar este momento para eliminar la política de subvenciones e implementar un mecanismo de fijación de precios basado en el mercado”.
Los economistas dicen que los subsidios de energía son una carga, en particular para las economías de los países pobres. A nivel mundial esas subvenciones le cuestan a los gobiernos y las compañías petroleras estatales una cifra que ronda los 500 mil millones de dólares anuales, según la Agencia Internacional de Energía.
Los expertos sostienen que la gran mayoría de los beneficios generados por los subsidios favorecen a los ricos, pues son quienes poseen vehículos y consumen más electricidad. El despilfarro de todos los combustibles fósiles, incluyendo el carbón, recarga a los gobiernos con un gasto adicional que podría ser destinado a programas sociales.
Los combustibles baratos también fomentan el contrabando, crean la escasez de gasolina, reducen los precios en el mercado negro y enriquecen al crimen organizado.
Sin embargo, los pobres —y los movimientos políticos que los representan— suelen protestar por los recortes a los subsidios porque los altos precios de la energía tienen un fuerte impacto en la vida diaria. Es por eso que muchos economistas recomiendan que los gobiernos fortalezcan las redes de seguridad social y utilicen el dinero que se invertiría en los subsidios para crear empleos y mejorar los servicios de salud y educación de los sectores más pobres.
Sin embargo, eliminar los subsidios no es tan fácil para los líderes políticos porque significa un aumento inmediato de los precios al consumidor.
“Algunos países han ajustado sus políticas”, dijo Jim Krane, un experto en energía de la Universidad Rice en Houston. “Pero con los precios tan bajos del petróleo, hay una gran oportunidad para ajustar los precios y reducir los residuos. Es lamentable que más países no aprovechen esta coyuntura”.
Fuente: NY Times
